Gobierno impulsa tres políticas públicas en beneficio de discapacitados

El vicepresidente Álvaro García Linera (Foto: ABI) La Paz, 22 feb (ABI).- El pago de una renta solidaria de 1.000 bolivianos para discapacitados graves y muy graves, planes de vivienda, atención médica y empleo y una norma que protege sus derechos son las tres políticas públicas que impulsa el Gobierno en beneficio de este grupo humano que integra la sociedad.     "Tenemos tres políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, que el Gobierno ha trabajado y que arrancamos a partir de ahora", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera en su discurso con motivo de iniciar el pago de la renta solidaria.     García manifestó que resultado de un acuerdo con representantes de este sector se logró establecer el pago de los 1.000 bolivianos, a partir de esta gestión, beneficio que será sostenible en el tiempo, y que de inicio favorecerá a 13. 400 personas registradas.     De modo complementario al pago del bono, señaló, que siguen en curso los planes de vivienda, de empleo, atención médica y de desarrollo para este sector.         "Hay acumulado de lo guardado de los últimos  años millones de bolivianos que en coordinación con dirigentes se irá ejecutando", mencionó.     En cuanto a la ley de trato preferente, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, el segundo Mandatario manifestó que se espera su aprobación hasta la siguiente semana.     Esta norma protege los derechos de las personas con capacidad diferente. "Es un caparazón que da la garantía a los derechos laborales, educativos, familiares y regulará los deberes del estado con este grupo", señaló.     Según dijo García de esta manera el Estado boliviano está "saldando" su deuda con las personas más vulnerables de la sociedad, quienes quedaron abandonadas y desconocida su existencia en anteriores gobiernos.     "Una persona con discapacidad es igual que nosotros, piensa, sueña, tiene alguna limitación física, pero que no es óbice para que no se le reconozcan sus derechos", dijo.     En ese marco, el Gobierno trabajó desde 2008 en pagar la "deuda histórica" y la primera medida fue anular el desembolso de recursos económicos para partidos políticos y destinarlos a los discapacitados.     "El MAS hubiera usado unos 30 millones (de bolivianos, de los 40) pero decidió no hacerlo", indicó.     Una segunda medida fue elaborar un registro de este grupo humano, si bien no se concluyó con el total, se avanzó con gran parte a través de la Brigada Moto Méndez.     Red central-ma      ABI     ABI. Copyright 1998-2011. http://noticiasdesdebolivia.blogspot.com/